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Consulta pública sobre la elaboración de la Ordenanza municipal sobre gestión de los residuos de construcción (RCD)
El periodo de consulta es de 10 días hábiles a partir de 4 de septiembre de 2019
03-09-2019

CONSULTA PÚBLICA SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de aprobación de Ordenanza municipal reguladora de la producción, gestión y control de los residuos procedentes de las obras de construcción, demolición y excavación del municipio de Higuera la Real, se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Regular las actuaciones necesarias para llevar a cabo el control de la generación, la gestión y el destino o tratamiento de las tierras, escombros y residuos de construcción generados en las obras de demolición, construcción y excavación, evitando su abandono descontrolado, aplicando los principios y disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; y el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Necesidad y oportunidad de su aprobación:

El establecimiento una regulación adicional a las licencias municipales de obras y actos comunicados, para conseguir una efectiva protección del medio ambiente, solo puede realizarse en uso de la potestad normativa municipal, plasmada en la aprobación de Ordenanza o reglamentos de carácter municipal.

Objetivos de la norma:

- Garantizar que las operaciones de recogida, transporte, reciclado, valorización y eliminación de los residuos de construcción y demolición se ejecuten con las mejores técnicas disponibles, de manera que se asegure el respeto al medio ambiente y a la salud humana.

-  Promover las condiciones técnicas y administrativas precisas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción en la generación de residuos de construcción y demolición, reutilización, reciclado, valorización y eliminación establecidos en los Planes de residuos vigentes.

- Recuperar, cuando sea factible, los recursos contenidos en dichos residuos contribuyendo a un desarrollo sostenible de las actividades de construcción y demolición.

- Garantizar la eliminación ordenada de los residuos no valorizables de la construcción y demolición, impidiendo su abandono, vertido y, en general, cualquier acto que suponga su disposición no autorizada ni controlada.

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

La única solución viable jurídicamente es la regulación mediante aprobación de una Ordenanza municipal, conforme a las disposiciones de los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.